Las empresas y la Ley General de Responsabilidades Administrativas

Por: UNDICC

Las empresas y la Ley General de Responsabilidades Administrativas

La Ley General de Responsabilidades Administrativas tiene como objeto distribuir competencias entre los órdenes de gobierno para establecer las responsabilidades de los servidores públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables por actos y omisiones en que estos incurran y las que correspondan a los particulares vinculados con faltas administrativas graves, así como los procedimientos para su aplicación.

Esto significa que entrando en vigor la Ley General de Responsabilidades Administrativas y el nuevo sistema penal, a partir del año pasado, las empresas están implicadas a responsabilidad administrativa y penal por el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción. Muy pronto empezarán a impartir multas a las empresas y podrían incluso a disolverlas. La única defensa que tendrán por ley es la existencia de un programa de integridad y controles anticorrupción.

Según los artículos 21 al 25 de la presente ley, valorara si cuentan con una política de integridad, códigos de conducta que se encuentren socializados entre todos los miembros de la organización y mecanismos anticorrupción de aplicación real, como son los sistemas de control, vigilancia y auditoria, que examinen de manera constante y periódica el cumplimiento de los estándares de integridad en toda la organización, sistemas adecuados de denuncia tanto al interior de la organización como hacia las autoridades competentes. y así también procesos de entrenamiento y capacitación respecto a las medidas de integridad y mecanismos que aseguren en todo momento la trasparencia y publicidad de sus intereses.

Sanciones por faltas de particulares.

Según el artículo 81 de la ley de responsabilidades administrativas las sanciones que se impondrán por faltas administrativas a particulares son las siguientes:

 

Tratándose de personas físicas

  • Sanción económica que podría alcanzar hasta dos tantos de los beneficios obtenidos o inclusive sin obtenerlos, esto equivale a ciento cincuenta mil veces el valor diario de la unidad de medida actualizada.
  • Inhabilitación hasta de 8 años para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas.
  • Indemnización por daños y perjuicios ocasionados a la hacienda pública federal, local o municipal, o patrimonio de los entes públicos.

Tratándose de personas morales

  • Sanción económica que podrá alcanzar hasta dos tantos de los beneficios obtenidos, por el equivalente a la cantidad de mil hasta un millón quinientas mil veces el valor diario de la unidad de medida de actualización.
  • Inhabilitación hasta por 10 años para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas.
  • Suspensión de actividades hasta por tres años, lo cual consiste en detener y privar a los particulares de sus actividades comerciales, económicas, contractuales o de negocios por estar vinculados a faltas administrativas graves prevista en esta ley.
  • Disolución de la sociedad respectiva, lo cual consistirá en la perdida de la capacidad legal de una persona moral, para el cumplimiento del fin por el que fue creada.

Según el índice de percepción de la corrupción de trasparencia mexicana, señala que el 31% de los ciudadanos opinan que los empresarios incurren en prácticas de corrupción de forma muy frecuente.

  • Consultoría para la implementación de controles internos, manuales de integridad empresarial y códigos de conducta para la prevención y combate a la corrupción.
  • Gestión de análisis del riesgo de corrupción y puntos vulnerables de tus empresas.
  • Investigación y validación de datos.
  • Resolución de problemas de acceso al derecho.
  • Impartición de cursos y conferencias en materia anticorrupción
  • Estrategias de capacitación y comunicación corporativa

en materia anticorrupción

www.undicc.com

contacto@undicc.com

FUENTE : Ley General de Resposnabilidades Administrativas

(vigente apartir del 19 de julio del 2017)